El grado crítico de violencia
causado por el narcotráfico en Latinoamérica ha metido el viejo debate sobre la
legalización de la droga por primera vez en la agenda de presidentes en activo.
Los mandatarios de Guatemala y El Salvador, Otto Pérez y Mauricio Funes, han
llamado a analizar la opción de regular el comercio del tráfico de
estupefacientes, y la presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, ha recogido
el guante diciendo que no se opondría a un debate “serio y riguroso”.
Estos pronunciamientos de líderes
centroamericanos refuerzan la línea abierta en noviembre por el presidente de
Colombia, Juan Manuel Santos, que se mostró partidario de legalizar la
marihuana y la cocaína si eso permitía “erradicar la violencia del narco”, y
consolidan el primer frente gubernamental crítico con la política de
prohibición a ultranza comandada por Estados Unidos.
Roto el huevo de la regulación
con la declaración conjunta que hicieron Pérez y Funes el pasado lunes 13, el
volumen mediático del asunto ha subido tanto que incluso el Gobierno de Felipe
Calderón –principal cancerbero de la estrategia estadounidense de fuego y
represión penal durante el sangriento sexenio en que ha dirigido México–, a
cinco meses de terminar su mandato, ha aceptado la idea de poner el problema
sobre la mesa. Su ministra de Exteriores, Patricia Espinosa, reconoció este
miércoles que es necesario promover el debate “a nivel internacional”.
Esta incipiente corriente de
cambio entre los que mandan ahora en América Latina, a su vez, robustece el
sólido movimiento regulacionista que ya formaban algunos de los que mandaban
antes, y que, sin sillones presidenciales en juego, embisten de frente contra
el modelo que impone Estados Unidos, padrino político y económico de los países
más abrasados por el narco. “Su política ha fracasado”, sentenció hace unos
días en el Foro Drogas de Ciudad de México el ex presidente brasileño Fernando
Henrique Cardoso. César Gaviria, ex mandatario colombiano y correligionario de
Cardoso en la Comisión Global sobre Políticas de Droga (motor del debate entre
la élite internacional), se explayó en el mismo congreso contra el veto de
Washington al esbozo de un nuevo modelo: “¿Vamos a seguir poniendo nosotros
tantos muertos porque ellos no sean capaces de discutir el problema?”.
Los asesinatos y la corrupción
institucional se expanden entre el norte de Sudamérica, zona mayoritaria de
producción de la droga, y Estados Unidos, centro mundial del consumo, asolando
cada vez más la zona intermedia de las rutas del narco: Centroamérica y México.
El Salvador y Guatemala ocupan el
segundo y el séptimo puesto en la lista de países con más homicidios publicada
en 2011 por la ONU con datos de 2010. Ese año murieron asesinados 66 de cada
100.000 salvadoreños y 41 de cada 100.000 guatemaltecos. Los focos, sin
embargo, miran hacia la sangría mexicana, proporcionalmente menor, pero de unas
medidas desmesuradas. En los últimos seis años, según cifras oficiales, han
muerto 47.500 ciudadanos por crímenes vinculados al mundo del tráfico de
drogas, y la tasa de homicidios se ha doblado de 10 a 20 asesinatos por cada
100.000 habitantes con respecto a 2006, final del mandato de Vicente Fox.
El domingo pasado, horas después
de que murieran 44 presos en una cárcel de México en un caos salvaje que
permitió la fuga de 30 reos del cártel de los Zetas, el ex presidente mexicano
Ernesto Zedillo, miembro de la Comisión Global, dijo que la situación de su
país es “trágica” y denunció que el virus de la narcoviolencia es indesligable
de las “políticas equivocadas de los grandes países consumidores”.
El gran consumidor, Estados
Unidos, donde según la ONU se concentra el 37% del consumo mundial de coca, se
aferra entretanto a su credo prohibicionista. Inmediatamente después del
volantazo del ex general Otto Pérez, que antes de ganar la presidencia en enero
prometía más mano dura y ahora encabeza el cuestionamiento de la guerra contra
el narco, la embajada estadounidense en Guatemala soltó un comunicado
granítico: “La legalización supondría una amenaza a la salud y a la seguridad
pública”. Su esfuerzo global contra el tráfico de estupefacientes, sin embargo,
está disminuyendo. El Gobierno de Barack Obama invertirá en 2013 un 17% menos
que en 2012 en su batalla global contra el tráfico de drogas, de 422 a 360
millones de euros.
La tradicional estrategia
antidroga pierde fuelle económico y cuajo político mientras se aviva por
primera vez en las élites de gobierno latinas el enfoque regulacionista, que
apuesta por bloquear el motor del crimen haciendo emerger a la superficie legal
el submundo comercial de los narcóticos y reorientar el gasto público hacia
políticas de prevención del consumo y de tratamiento de las adicciones.
El próximo movimiento podría
tener lugar en la Cumbre de las Américas, 14 y 15 de abril en Cartagena de
Indias, Colombia. Otto Pérez ha anunciado su propósito de utilizar esta cita
como plataforma de lanzamiento formal del debate, Funes ha dado un paso atrás
nada más encenderse la polémica, matizando que acepta hablar sobre la
regulación pero no la defiende personalmente, y Colombia ha vuelto a entrar en
el cogollo de la cuestión con la apuesta de su ministra de Exteriores, María
Ángela Holguín, por discutir la cuestión en la Cumbre. Y la reina del tablero,
por ahora, sigue enrocada en su casilla.
Fuente:gentetuya
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