
El organismo de la ONU ha alertado en especial de la situación de los miles de desplazados internos, expuestos al avance de los rebeldes tuareg sobre el norte y al arreón de las fuerzas islamistas. Las oficinas del PMA en Gao, Kidal y Tombuctú, localidades bajo el control ya de los alzados, han sido saqueadas. Los empleados de esta agencia, que suspendió sus trabajos tras el golpe de Estado del 22 de marzo, se encuentran encerrados en sus casas.
Por su parte, la agencia de la ONU para los refugiados, ACNUR, ha avisado del "riesgo" que corren las poblaciones del norte del país magrebí por la escalada violenta de grupos armados. Según ACNUR, unas 2.000 personas han cruzado la frontera hacia Burkina Faso y Mauritania en los últimos cinco días. Este comisionado calcula que 23.000 malienses se encuentran ya en Burkina Faso, 46.000 en Mauritania y 25.000 en Níger.
La crisis de Malí toma tintes dramáticos un día después de que los países vecinos africanos impusieran un embargo draconiano a la junta golpista. Los jefes de Estado de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) aprobaron ayer sanciones financieras, económicas y diplomáticas para forzar la rendición de los militares. El embargo deja a Malí en una situación de asfixia total. La mayor parte de la población del país —con un total de 15 millones de habitantes— vive gracias a la economía de subsistencia y el 51% subsiste con menos de 1,25 dólares al día, según el Banco Mundial.
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